¿ASÍ, O MÁS INJUSTICIAS EN ARAS DE LA JUSTICIA? |
Por fin este día, miércoles 28 de abril de 2010, poco después del medio día, resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (no la Suprema Corte), el Toca número 71/2010, que debió estar en manos del Tribunal Unitario del Vigésimo Segundo Circuito y que fuera atraído, de oficio, por resolución emitida el 17 de marzo, por la Suprema Corte de Justicia, en razón a que el expediente cumplió, según se razonó, con dos características importantísimas para los ministros y sin las cuales no hubiera sido atraído el expediente: “Interés y Trascendencia”. Características que se cumplieron, de acuerdo al razonamiento de los ministros, basándose en el fortalecimiento de criterios, tales como: la prohibición de la discriminación, los derechos de la mujer y los derechos públicos indígenas. También argumentaron los ministros en el acuerdo respectivo: “porque la federación es parte en el juicio y por lo mismo nace el interés de conocer de los hechos”. No fue cosa fácil. Sin todos estos requisitos los ministros no hubieran atraído el estudio y resolución del expediente penal de Alberta Alcántara y Teresa González, las dos indígenas queretanas, amealcences, acusadas, detenidas, procesadas y sentenciadas a más de 20 años de cárcel de forma por demás injusta. El delito que les imputó el ministerio público federal: “privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro y posesión de cocaína”. La valoración de pruebas fue distinta, para los ministros, por ello se absolvió a las indígenas amealcences. Mientras que el juez les dio mayor valor a las pruebas de cargo, los ministros le dieron mayor fuerza probatoria a las pruebas de descargo. A todo ello se sumó el interés del gobernador del estado, acompañado de una comisión formada por el Senado de la República, sin cuya intervención no hubiera participado la Corte. El proceso estuvo a cargo del juez cuarto de Distrito en el Estado de Querétaro. El acto que se reclamó: la sentencia del 19 de febrero de 2010, dictada en los autos del proceso 48/2006, por lo cual han estado privadas de su libertad poco más de 4 años Alberta y Teresa, sobra decir injustamente. El asunto era de la competencia del Tribunal Unitario del Vigésimo Segundo Circuito, sin embargo resolvió la Corte por medio de la Primera Sala y la ministra ponente fue: Olga María del Carmen Sánchez Cordero. Debe reconocerse, lo que ya habíamos dicho en estas páginas, que sin la intervención de “oficio” del gobernador del estado, José Calzada Rovirosa, el asunto hubiera sido resuelto por el Tribunal Colegiado y tal vez otro sería el resultado. Dada la característica sensibilidad que ha demostrado el gobernador, este fue hasta las oficinas de la Suprema Corte de Justicia, a reclamar justicia para dos queretanas. Los ministros le hicieron caso y atrajeron el asunto que hoy se resolvió en definitiva. Las respuestas mediáticas no se hicieron esperar y muchos han opinado al respecto. Las entrevistas y preguntas periodísticas a bote pronto. Los comentarios de toda índole, aunque nadie sabe bien a bien el contenido de la sentencia, a esta hora no se ha publicado. El resultado es lo importante, fueron absueltas dos personas inocentes. Una vez más se prueba que el sistema inquisitorio en la administración de justicia que se ha venido aplicando en todo el país por muchos años, es ya inoperante, tortuoso, defectuoso y proclive a la injusticia. Debe pues apurarse el nuevo sistema penal acusatorio que prescribe la Constitución Federal, con la esperanza de que sea mucho mejor que el actual y se pueda erradicar el sinfín de abusos que se comenten en aras de la impartición de justicia que raya en la plena injusticia. Ahora, a colgar al juez, ministerio público y agentes federales que, por su culpa, dos inocentes tuvieron que permanecer en la cárcel más de 4 años injustamente. Al respecto, en entrevista radiofónica que le hicieron a la ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero, a eso de las 14:50 horas, atajó la andanada lapidaria que se dejó venir en contra del juez que sentenció a las indígenas. Argumentó la ministra que: “El juzgador actuó con base en la autonomía e independencia constitucional que caracteriza y garantiza la libertad en la impartición de justicia. El juez dio mayor valor a las pruebas acusatorias que a las de descargo. Nosotros, los ministros, dimos mayor valor a las pruebas de descargo, a los testigos aportados por la defensa, a los careos, a las declaraciones de las acusadas. Hubo insuficiencia de pruebas”. Así se imparte justicia en México. Vamos, son dos formas totalmente distintas de impartir justicia, a pesar de tratarse de los mismos hechos y de servidores públicos pertenecientes a un mismo Poder Judicial; la razón de ello: “la libertad que tienen los impartidores de justicia, en los tres ámbitos (municipal, estatal y federal) para apreciar y valorar las pruebas, haciendo uso de su libertad, independencia y autonomía de que gozan los funcionarios judiciales”. La ventaja, dijo la ministra: “es que tenemos un sistema recursal que nos permite modificar o revocar las resoluciones de los inferiores”. Sobre si colgarán o no al juez, al ministerio público y a los agentes federales, la ministra También contestó: “por haber dictado la sentencia en tales términos, no hay sanción para el juez; hay responsabilidad del estado y deben hacerlo valer los interesados; pueden promover la queja ante el Consejo de la Judicatura”. Total que el señor Joaquín López se quedó con las ganas de que “colgaran y lapidaran” al juez cuarto de Distrito en el Estado. |