BIEN POR MAGISTRADO JORGE HERRERA SOLORIO

El presidente del Tribunal Superior de Justicia, conocedor de la materia, declaró la semana pasada, que “no bastan penas más fuertes para abatir la delincuencia”. Afirmación cierta, a pesar de que los legisladores locales han pretendido tergiversar la realidad en materia de criminalidad en nuestro estado. Las penas más severas o más fuertes no intimidan al delincuente, es más, hace no mucho hicimos un sondeo entre los delincuentes para saber si antes de cometer el delito que los había llevado al entonces Centro de Readaptación Social del Estado, conocían las sanciones y todos respondieron en la misma forma: nadie conocía la pena por cometer el delito que ejecutaron.

Así de sencillo, el delincuente no se pone a meditar o a calcular el riesgo que corren si los detienen en relación al tiempo que podrían permanecer recluidos en la “cárcel” por la comisión de cualquier hecho delictivo. No, simplemente planean la ejecución del delito o circunstancialmente lo realizan en forma imprevista, sin “medir” las consecuencias de su conducta. Conforme a estadísticas que se han obtenido, se dice que el mayor porcentaje de delitos quedan impunes, por lo tanto en lo único que piensa el delincuente es en evitar que lo detengan, no en la pena que recibirían por la comisión de tal o cual conducta delincuencial, no se intimidan ni sirve como elemento disuasivo para que baje el índice delictivo, el incremento de las penas de prisión.

Seguramente el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, magistrado Jorge Herrera Solorio, adelantó y advirtió para, eso sí, disuadir a los legisladores locales de estar incrementando las penas de prisión para castigar a los delincuentes, puesto que esta no es la medicina para abatir la delincuencia. También comentó en su declaración, que varios diputados habían presentado 7 iniciativas de ley para aumentar las penas de prisión y las multas a quienes cometan, entre otros, los delitos de corrupción de menores, trata de personas, pornografía infantil, estupro, discriminación hasta llegar a la prescripción de los antecedentes penales. Iniciativas de ley, que por supuesto no avala el Poder Judicial y tiene los argumentos de sobra para justificar su aserto. Para ello designó a la magistrada Araceli Aguayo, experta en derecho penal, para que coadyuve con los legisladores locales en el estudio de sus iniciativas de ley. Esperemos que logre convencer a los neófitos diputados en esta materia y no se traten simplemente de justificar y decir que están trabajando por Querétaro, eso es absurdo, al menos en este caso en particular.

Ejemplos hay de sobra que avalan la postura judicial y no solo teórica, sino prácticamente les asiste la razón histórica a los magistrados del Poder Judicial. La muestra más clara es el crecimiento incontenible de los espacios que albergan a los procesados y sentenciados en Querétaro, vamos ya se piensa en construir otro centro de reclusión, hoy llamado pomposamente Centros de Reinserción Social, acorde con lo que mandata la Constitución Federal. También están ejemplos prácticos, tales como la creación de nuevos delitos, aquel que pretendió disuadir la venta de lotes irregulares, llamado delitos contra la seguridad y el desarrollo urbano, que buscó como fin erradicar los asentamientos irregulares y ¿cuál fue el resultado?, los asentamientos irregulares crecieron de manera incontrolable ¿Los delincuentes?, bueno si los hubieran detenido la “cárcel” hubiera sido insuficiente para albergar a tanto delincuente. Eso no funcionó, ni la intimidación de aumentar penas ni de crear nuevos delitos, no ha servido para nada, salvo para la fotografía del momento y la mediatización que de ella han hecho los legisladores locales. Aquí, en el caso señalado, lo que hace falta es oferta de vivienda a precio accesible para los que menos tienen y no meter a la “cárcel” a quien vende lotes a bajo precio sin servicios públicos.

Bien por el magistrado Jorge Herrera Solorio, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quien con buenas propuestas como esta, ayudan a crear un sistema de política criminal que da mayor seguridad a la impartición de justicia y a la ejecución de las sanciones más confiables. Presidente que, sin estridencias, ha evitado caer en la pésima conducta que asumió el anterior presidente del Tribunal Jesús Garduño Salazar, quien se la pasaba quejándose y amenazando con no pagar prestaciones laborales a los trabajadores, o que se le iban a caer los sistemas informáticos por no tener dinero y qué tal aquella amenaza de que estaban a punto de derrumbarse algunas de sus instalaciones. ¡Enloqueció! Seguramente fue pésimamente asesorado el anterior presidente del Tribunal Superior de Justicia. Lo bueno, es que, dice el refrán: “no hay mal que dure cien años, ni nadie que lo aguante”. Y así sucedió, esperando sus compañeros magistrados no volver a darle la confianza para que los represente de forma tan denigrante como lo hizo Jesús Garduño Salazar.