¿CUÁNDO SE DETENDRÁ EL CRECIMIENTO?

Antes del mes de septiembre de 1979, la cárcel municipal del estado de Querétaro era más que suficiente para albergar a los procesados y sentenciados. La prisión se localizaba en el interior de lo que hoy conocemos como el Palacio de la Corregidora, asiento del Poder Ejecutivo. Ahí se localizaba desde la época previa a la independencia de México. También albergaba la presidencia municipal y juzgados de primera instancia penal, incluso la defensoría de oficio e instalaciones de la desaparecida policía judicial. Erl Van Blaricon, norteamericano homicida por doble partida, fue el último se fugó de ese lugar cuando fue trasladado a la ciudad de México para su atención médica y nunca fue reaprendido. Simplemente emborrachó a los custodios, les pagó un buen hotel y aquel se fue campantemente, sin violencia alguna.

En septiembre de 1979, el Arquitecto Antonio Calzada, entonces gobernador del estado, ordenó el traslado del reclusorio y los reclusos, así como los juzgados penales y defensoría de oficio al lugar que hasta hoy conocemos como CeReSo o elegantemente denominado Centro de Readaptación Social y modernamente lugar de reinserción social; adjunto a ese lugar también se construyeron varias casas habitación para el tratamiento en semilibertad de los sentenciados que se acogían a ese beneficio, una vez que habían compurgado parte de su pena privativa de libertad. En el interior del Centro de Readaptación, sobraban las celdas para procesados y sentenciados; inclusive había lugar para siembra de hortalizas y espacios para recreación, como fut bol, talleres, área médica, comedor y claro, las celdas de castigo para los reclusos más problemáticos. En ese lugar, aparentemente más seguro, se dieron infinidad de fugas, a tal grado que fueron despedidos directores y otros quedaron dentro para ser procesados por las fugas de reos y procesados. Ahí conviven reclusos del fuero federal y estatal.

Así las cosas, en ese mismo lugar se encontraban las mujeres que también habían cometido algún delito. No había CeReSo para mujeres. Fue en el sexenio de Mariano Palacios Alcocer, que se construyeron varios módulos para mujeres y el reclusorio se dividió en dos partes; una para hombres y otra para mujeres, separados por una simple barda de ladrillo que seguido era perforada para que ambos sexos tuvieran contacto por unos pequeños orificios. También se hizo la separación de procesados y sentenciados, antes todos convivían sin importar su estatus jurídico, sin cumplir lo que ordenaba la Constitución Federal: separar procesados de sentenciados. El hacinamiento no se hizo esperar y en cada celda, construida solo para tres reclusos, llegó a albergar a seis y los problemas aumentaron. Claro, la violencia y la introducción de drogas empezaron a fortalecerse. Se ordenó nuevamente la construcción de más módulos para evitar el hacinamiento de reclusos. También se planeó la construcción de los CeReSos de San Juan del Río y Jalpan de Sera, sin embargo el número de delincuentes seguía creciendo, imparable la explosión delincuencial.

Han pasado los sexenios de Enrique Burgos, Ignacio Loyola y Francisco Garrido y el crecimiento de módulos para albergar a los delincuentes sigue creciendo. Los espacios abiertos de esparcimiento de los reclusos han desaparecido. Ahora empieza el gobierno de José Calzada y ya se planea construir más módulos. Los delincuentes siguen en aumento y si a ello agregamos la aparición de nuevas figuras delictivas que antes no existían, eso ha contribuido aun más a que la explosión demográfica de reos sea imparable. Peor si consideramos que en el periodo de gobierno Ignacio Loyola se creó una nueva “Ley de normas mínimas” o Ley de Ejecución de Sanciones Privativas y Restrictivas de la Libertad, que trajo aparejada la disminución de derechos de los sentenciados, lo que hace más tardada la salida o la “readaptación social” de los reclusos, hecho que incide en el aumento de la población en las cárceles.  Y no ha faltado que más de algún legislador promueva las penas de cadena perpetua o el agravamiento de las penas privativas de la libertad.

Todas estas “políticas de estado” para contener la delincuencia han fracasado, ninguna logra contener la ola de crecimiento delincuencial. No ha servido la política de readaptación social, tampoco la intimidación del agravamiento de las penas, mucho menos la creación de nuevos delitos. Nada ha sido efectivo, han sido fallidos todos los intentos y en todos los lugares se incrementan las cárceles y los delincuentes, así como los problemas que estos representan, un altísimo costo económico y social para su “readaptación social”, ahora por disposición constitucional “reinserción social”. ¡Pamplinas!. Nada ha servido para contener el acelerado incremento de la delincuencia. Vamos, el Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, ha preferido declararles la guerra a los delincuentes para matarlos en lugar de enjuiciarlos y evitar gastar miles de millones en procesos judiciales y readaptación social inoperante. ¡Cuestan mucho menos muertos que vivos los delincuentes!, pareciera ser esta la política de Calderón.

Más de 30 años han pasado y las cosas, en lugar de mejorar, han empeorado. Hay pruebas suficientes, después de tanto tiempo que las políticas de estado para contener la delincuencia han sido inocuas.

Como política de estado, seguramente hubiera sido mejor crear más empleos, mejor remunerados, más educación para la población, más escuelas, más salud, más seguridad social; en lugar de endurecer penas, ampliar cárceles, crear más y más delitos; esta política de estado, hasta ahora, ha resultado infructuosa, más costosa, muy torpe y no parece tener fin. A grado tal que Felipe Calderón ha preferido matar a los delincuentes que crear políticas sociales que beneficien a la mayoría de los mexicanos.

¿Hasta cuándo terminará todo esto?. Construir más cárceles no es la solución para abatir la delincuencia. Necesitamos más escuelas, más universidades, más trabajo, mejores salarios, más derechos sociales, etc. ¡Claro que sí!.