¡DOS MESES Y NADA!

El 15 de mayo nos informamos o desinformamos de la “misteriosa desaparición” de Diego Fernández de Cevallos, secuestro ejecutado el día anterior. 60 días han pasado y nada se sabe del paradero del millonario político; de aquel que, junto con Fernando Gómez Mont (casi ex Secretario de Gobernación), censuró agriamente las alianzas electorales que tranzaron por medio de convenios el pasado proceso electoral entre su partido, el PAN y sus “enemigos” naturales, el PRD. Nada se sabe del destino de Diego, de su paradero, de su vida. La autoridad competente (aparentemente), renunció al cumplimiento de su responsabilidad: investigar y perseguir a los delincuentes que ejecutaron el acto de secuestro. Los ministerios públicos federal y estatal hicieron mutis. Nada se sabe sobre el curso de la investigación.

Hace no mucho informaba la revista electrónica Reporte Índigo, que la familia del secuestrado negociaba con los delincuentes y el monto del “negocio” ascendía a 50 millones de dólares. Que las negociaciones se llevaban a cabo en el estado de Guanajuato, en el interior de iglesias, por medio de mensajes escritos. Esto en razón, informaron, a tener intervenidas las líneas telefónicas (ya no es sorpresa la intervención) y grababan las conversaciones. Dijeron que los delincuentes eran unos profesionales. Eso fue todo, ya no hubo mayor información.

Si atendemos a la legislación vigente, la autoridad ministerial no debe dar información alguna sobre las investigaciones que lleva a cabo en materia delincuencial, cuando persigue a los delincuentes, dado que, simultáneamente se le da a conocer a los delincuentes qué está haciendo la autoridad. Pero, muchos “reporteros y medios de comunicación”  poco les importa lo que diga la legislación y gozan difundiendo con gran irresponsabilidad información prohibida; entrevistan a los delincuentes, declaran los criminales ante las cámaras y graban sus fechorías. Así era la regla, no había excepciones. El secuestro de Diego vino a cambiar las cosas en materia de comunicación periodística; aquí si hicieron la excepción y abiertamente se impusieron el “esparadrapo” para no hablar, para no difundir nada sobre el secuestro, bajo el pretexto de no interferir en las negociaciones entre los delincuentes y la familia agraviada. Se coludieron autoridades y medios de comunicación para que la delincuencia organizada negocie libremente el monto del secuestro. La familia de Diego no volvió a declarar, no aparecieron en los medios televisivos como un “favor” de estos a la doliente familia ¿Cuántos compromisos de por medio? Así deben actuar siempre los medios de comunicación, no lucrar con las desgracias familiares.

Preocupante este “hecho aislado”, este sí es un hecho aislado por el tratamiento que le han dado. Pero, más preocupante es la descomposición social que vive México hoy en día, debido a la ineptitud de las autoridades competentes para contener el “tsunami” delincuencial que azota a nuestro país. Eso sí es patético. Los delitos se cuentan por miles, las muertes de mexicanos son otro tanto. Y Felipe Calderón ante su incapacidad para gobernar, pide acuerdos, pide ayuda y echa culpas si no le apoyan ¡Ah bárbaro!.

Las autoridades responsables de la seguridad pública, hacen lo propio y ahora exhortan a la población para que haga el trabajo de protección de la población que a ellos les corresponde por ley y por lo cual cobran bastante bien. Cierto, la población puede ayudar, pero la obligación de ofrecer y brindar la seguridad pública es de la autoridad. No se pueden evadir responsabilidades que la ley impone a la autoridad y hacer corresponsable de ella a la desprotegida población.

En fin, nada se sabe de Diego Fernández de Cevallos. Y pensar que las alianzas electorales que desaprobó políticamente este personaje, son ahora la causa del despido de su amigo Fernando Gómez Mont, de la Secretaría de Gobernación y nada pudo hacer para defenderlo ¡Ambos se quedaron indefensos, solos, a merced de la delincuencia organizada y electoral! Y ya pasaron 60 días y nada.