¡FALSO!

Durante la semana que termina, después de 7 larguísimos meses, de arduo trabajo, de largas noches de desvelo, por fin, el Auditor Superior del Municipio de Querétaro, Juan Pablo Rangel García, obtiene el resultado de la auditoría practicada a la administración municipal que encabezó Manuel González Valle. Conclusión de la auditoría: “podría recaer en el ex secretario de finanzas Miguel Martínez Moyano”. ¡Falsa conclusión!. Veamos.

De manera simplista diremos que cada peso que gasta cualquier entidad pública, debe estar presupuestado y programado; debe haber un programa que respalde el gasto público. En el nivel municipal, quien aprueba los presupuestos de egresos son los ayuntamientos y estos se componen por el presidente municipal y los regidores; estos servidores públicos, que todos cobran emolumentos, son los que deciden cómo se gasta el dinero público que se recauda vía impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, multas, recargos, transferencias, etc. Las dependencias como finanzas, seguridad pública, obras públicas, planeación, oficialía mayor y demás aparato burocrático solo proponen, proyectan sus presupuestos, sus programas, objetivos, metas a cumplir y el ayuntamiento, insisto, el ayuntamiento es el órgano constitucional que tiene la facultad de aprobar el presupuesto de egresos. En consecuencia, es evidente que resulta falsa la conclusión a que llega el auditor superior del municipio. Una sola persona no puede ser el responsable de un excesivo gasto de casi 500 millones de pesos, así de simple, no es factible. Salvo que se quiera tapar el sol con un dedo y si ese el fin para cubrir a los verdaderos responsables, ¡ah!, entonces estamos hablando de situaciones radicalmente diferentes.

Cualquiera que haya trabajado en una administración municipal, desde el intendente que necesita su trapeador, sabe perfectamente que no se puede gastar un solo peso si no fue aprobado por el ayuntamiento y el ejecutor de los acuerdos, así dice la Ley Orgánica Municipal, es el presidente municipal, este autoriza que las entidades ejerzan el presupuesto. Así de clara es la ley, por qué entonces pretender ocultar las cosas que son más que evidentes y el juicio del pueblo queretano así lo entiende. Además, ¿quién ordenaba las compras, acaso el espíritu santo? Por favor, déjense de falacias y acepten que el responsable fue Manuel González Valle, quien en el afán de ser gobernador ordenó la realización de obras públicas fastuosas, entre otras cosas, no presupuestadas, como su parque Bicentenario, obra que emuló a una gran aspiradora que todo se llevó caprichosamente.

Por otro lado, en las destinadas declaraciones del auditor superior, se mete en un terreno fangoso del cual podría no salir al cuestionar a un regidor y calificarlo de priísta, haciéndole ver que no debe gastarse 500 mil pesos en una auditoría, dado que ello ya la hicieron; que solo les falta auditar los 9 meses (como embarazo que dará a luz a las irregularidades) del año 2009. Y que, de hacer la auditoría sería desconfiar de ellos. Y, supongo, diría el regidor, cómo no desconfiar de ellos si son lo mismo: los causantes del quebranto del municipio. Que el gasto de la nueva auditoría llevaría más tiempo y mayores gastos, dijo el auditor. Vaya, parece que al auditor del municipio le urge dar carpetazo al asunto. Total, ya hay un responsable, lo inhabilitamos y el asunto se termina. Vaya inteligencia del auditor. Sus comentarios están fuera de todo orden, no tiene competencia alguna para emitir sendas declaraciones. Su obligación es auditar y, en su caso, entregar el resultado de las misma al magistrado de la contraloría interna para que inicie los juicios administrativos que correspondan, dar vista, incluso, al ministerio público. Pero que el auditor diga quiénes son los responsables, no es su atribución, mucho menos decirle al regidor lo que debe hacer.

Conclusión, el auditor Juan Pablo Rangel García miente y por lo tanto es falsa su conclusión.