INSTRUMENTO DE NEGOCIACIÓN POLÍTICA

Eso era en manos de la Legislatura local, la aprobación de las cuentas públicas de cualquier entidad gubernamental, sea pública o autónoma. Los diputados locales cínicamente negociaban las cuentas públicas. Eso les permitía a los diputados integrantes de las comisiones de hacienda de la Cámara de diputados, incluso, recibir apoyos económicos o materiales de los responsables de los manejos de los dineros públicos, para la aprobación de sus respectivas cuentas públicas. Ejemplos los hubo y muchos de los abusos que cometían algunos diputados, en aras de aprobar las cuentas públicas y evitarse posteriores problemas de observaciones o bien, del inicio de procedimientos administrativos de responsabilidad o resarcitorios. Era un excelente instrumento de negociación; su apruebas la cuenta pública del municipio panista, también debes aprobar la del otro priístas o viceversa. Así de sencillo lo manejaban, hasta que les quitaron el negocio.

Apenas han pasado unos cuantos meses de que se reformó la Constitución Local, se creó la Entidad Superior de Fiscalización, como órgano autónomo, derivado de la reforma a la constitución, se generó su propia ley, que le atribuye la responsabilidad de la autonomía técnica para llevar a cabo las fiscalizaciones y ya se anunció la intención de regresar al pasado por pate de uno de los nuevos diputados, Bernardo Ramírez Cuevas. ¿Corta memoria del pasado, ignorancia o buena fe?.

Se anunció en uno de los medios impresos locales, que la iniciativa o al menos la intención será firmada por el grupo parlamentario del PRI. ¿Habrán analizado los pros y los contras de volver a quitarle la autonomía técnica a la Entidad Superior de Fiscalización y que la revisión de las cuentas públicas (las que por cierto la mayor parte de los diputados ignoran los procedimientos de su realización), solo sirvió como instrumento de corrupción y negociación? ¿O es que ahora los nuevos diputados son unos santos?. Tal vez la intención sea buena, dado que si bien la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115 les otorga la facultad de fiscalización a las legislaturas de los estado, no necesariamente los propios diputados tienen que llevar a cabo el procedimiento de fiscalización, salvo que le vuelvan a dar vida a la antigua Contaduría Mayor de Hacienda, órgano dependiente de la legislatura, sin autonomía constitucional, solo servía a los intereses del grupo parlamentario mayoritario y para colocar en esa dependencia del Poder Legislativo a los y las amigas y a los parientes. Bueno, incluso así lo hizo Alfredo Botello, anterior Secretario de Gobierno, que ahí metió a su hermana para que le avisara de todo lo que sucede en esa área y aun presta sus servicios en la Entidad Superior de Fiscalización.

Esa área de gobierno, aunque goza de supuesta autonomía técnica para la revisión de las cuentas públicas, siempre ha sido la manzana de la discordia. Bueno, el actual titular, curiosamente trabajaba en la Secretaría de Finanzas de Francisco Garrido Patrón, anterior gobernador, y hoy es el responsable de revisar las cuentas públicas del gobierno de garrido, es más, los mal pensados aseguran que por eso los anteriores diputados le prolongaron el periodo de duración en el cargo por un año más, precisamente para que le cubriera las espaldas en todas sus cuentas públicas a Francisco Garrido y su gavilla.

En síntesis, la entidad fiscalizadora de los recursos públicos, vuelve a ser la manzana de la discordia y, por adelantado, ya se pelean por ella, bajo el supuesto de que la facultad de fiscalización debe volver a manos de los diputados, supuestos representantes del pueblo. ¡Por favor!

Lo más aberrante, que el diputado promovente de la posible reforma, ahonda con darles facultades sancionadoras a todos aquellos que abusen de los recursos públicos y que no solo sean “simples observaciones” las que emitan el órgano fiscalizador. Lo que este diputado no sabe, es que las, técnicamente llamadas observaciones, son, en principio, eso, observaciones que deben o pueden ser corregidas; caso contrario, de no ser solventadas o aclaradas, entonces sí, se inician los procedimientos de responsabilidad, que pueden ser desde la amonestación, multa, destitución, inhabilitación para ocupar cargos públicos, restitución del daño patrimonial causado al erario público o cárcel. Pero, los procedimientos se llevan ante las autoridades competentes y no ante el mismo órgano fiscalizador, eso daría pauta para que los diputados y su dependencia fueran juez y parte en el mismo asunto, con la desventaja en contra de cualquier procesado. ¡Imagínese, los diputados aportan pruebas, acusan, desahogan procedimientos jurisdiccionales y sancionan. ¡Eso sería total absolutismo, no, por favor! Algo más grave todavía, el diputado anuncia que las inhabilitaciones podrían ser de por vida. ¡Santo cielo!. Nadie quiere volver al pasado de corrupción y conste que este es tanto añejo como muy reciente, pasado que aun se siente y se sufren las consecuencias de los abusos. Ya lo dijo el gobernador del estado ¡ni impunidad ni acusaciones sin sustento, no habrá cacería de brujas! Aun que, a decir verdad, más de alguna bruja debiera estar tras las rejas.