¡JUEGAN CON LA PROCURACIÓN DE LA JUSTICIA!

Así parece. La utilizan según convenga al titular del ejecutivo. Pruebas hay ya muchas que confirman esta teoría ¿Quién creyó que la muerte de Juan Camilo Mouriño fue un accidente? ¿El desafuero de Andrés Manuel López Obrador? ¿La detención de más de 30 servidores públicos en el mes de mayo del 2009, hoy conocido como el michoacanazo? ¿La incautación de varios inmuebles al entonces candidato a la gubernatura del estado de Jalisco Arturo Zamora Jiménez? ¿El inicio de la averiguación en contra de Cándido Monrreal Ávila, hermano del senador petistas? ¿La muerte de la menor Paulette? ¿La “desaparición misteriosa” de Diego Fernández de Cevallos? ¿La detención del candidato al gobierno del estado de Quintanarró, Gregorio Sánchez Martínez, que van en alianza de los amasios del PAN? Como estos, hay muchos asuntos más que prueban la clara intención de “jugar”, según sean las apuestas, al juego de la procuración de la justicia, a cargo del ministerio público.

Podríamos pensar en la incapacidad de los servidores públicos para dirigir eficaz y eficientemente la institución de “buena fe”; órgano de gobierno, también conocido teóricamente como representación social, encargado de perseguir a los delincuentes, esclarecer los delitos, defender y representar a las víctimas de los delitos en los procesos judiciales; atribución dada en función de la prescripción constitucional que emana del artículo 21. Pero habría que se muy cándido para pensar románticamente que fuera cierto. Los hechos están como prueba de la mala fe por parte de las autoridades encargadas de la procuración de justicia.

A casi dos años de la muerte de quien fuera el Secretario de Gobernación, la población nunca creyó que el avión en que viajaba este funcionario, tuvo un accidente, que porque se le pegó demasiado a un Jumbo Jet y eso le hizo perder el control a los dos pilotos expertos, a los cuales se les imputó toda la responsabilidad por su “imprudencia”. Nadie creyó el resultado de los peritajes. Hoy en día se cree que la muerte de Juan Camilo fue una ejecución, así de simple.

El desafuero de Andrés Manuel López Obrador, cuando presidía el gobierno del Distrito Federal, para inhabilitarlo y evitar que fuera el contendiente más fuerte que enfrentó en ese entonces el candidato del PAN y hoy presidente de la república Felipe Calderón, no prosperó la inhabilitación. Todo fue un juego mediático para desprestigiar al candidato de la izquierda, hoy unida con la extrema derecha ¿Quién entiende a los políticos de hoy en día?.

El “michoacanazo” logró la detención de poco más de 30 servidores públicos estatales y municipales del gobierno perredista, precisamente en el mes de mayo del 2009. A la fecha han salido libres 19 de ellos y dicen que próximamente saldrán más ¿Incompetencia del ministerio público?.

Le incautó la PGR 9 inmuebles al entonces candidato del PRI al gobierno de Jalisco, Arturo Zamora Jiménez. Todos le fueron devueltos, pero el desprestigio, el golpe mediático se le dio oportunamente. La averiguación previa iniciada en contra del hermano del senador ex perredista y ex priísta. Nada. Otro golpe mediático.

La muerte de la menor Paulette, nadie cree que haya fallecido por un lamentable accidente, eso sí, imputable a los padres de la misma. Solo trajo como consecuencia  una renuncia por las supra torpezas que sumó al asunto el mismo responsable de procurar justicia. El señor sembró más dudas al asunto que ahora pretenden sea reabierto.

La “misteriosa desaparición” de un político que se encontraba en la “banca”, emanado del partido en el poder. Cualquiera que conoce del asunto asume que se trata de un secuestro y no de la “misteriosa desaparición” como fue calificada por el presidente de la república. Como si se tratara de una facultad discrecional de los responsables de procurar justicia, el asunto (así lo dijeron) lo dejan en manos de la “familia” (no dijeron cuál) para que ellos negocien directamente con los responsables de la “desaparición. Ahora resulta que los responsables de procurar justicia, renuncia a la obligación que les impone la Constitución Federal ¡Increíble y dejan a la población a merced de la delincuencia!

Lo más reciente. La detención de Gregorio Sánchez, candidato de la alianza PRD-PT-Convergencia, por estar relacionado con delitos graves como asociación delictuosa, delincuencia organizada y narcotráfico. Los responsables de procurar justicia dicen que desde principios de año ya habían platicado con Jesús Ortega, el amasio político de Cesar Nava y sabían que era investigado por esos delitos. Aun así no lo detuvieron y los imprudentes lo hicieron candidato a la gubernatura. Ahora está preso en una cárcel del estado de Nayarit y los aliancistas sin candidato.

¡La procuración de justicia, no es más que un sucio juego subordinado de la política! Cuidado de caer bajo los intereses de los políticos que hacen uso del perverso juego de la procuración de la justicia como instrumento “legal” para apaciguar al enemigo, para golpear al opositor, para destruir al contrincante. Mientras el juego está en su máxima expresión, los daños colaterales de la “guerra” de Calderón siguen causando bajas sin que funcione para la mayoría de los mexicanos la procuración de justicia.