En eso se han convertido algunas televisoras al llevar a cabo “diligencias televisivas” de investigación sobre delitos. Autoridades de facto. Las autoridades ministeriales en algunos estados y principalmente las federales se han visto rebasadas por las empresas televisoras, cuyos empleados, reporteros, camarógrafos, fotógrafos, conductores y demás personal sin ninguna limitante ni recato alguno, se involucran en la investigación de actos delictivos. Como si fuera una obligación legal, las autoridades ministeriales, vamos desde el propio procurador, se han visto subyugadas por las cámaras y pantallas de televisión. Se involucran a tal grado que en ocasiones obligan a la autoridad formal a seguir las pruebas que las televisoras fabrican; incluso en más de alguna ocasión ridiculizan a la autoridad al hacer gala de contar con mejores instrumentos de investigación que la propia autoridad; por medio de las imágenes (que muchas veces dicen más que cualquier palabra) difunden en millones de hogares y a los televidentes les aseguran o al menos los inducen para hacerles creer lo que la televisora le indica y terminan convencidos de ellos por creer más en los “reportajes” televisivos, que en aquello que dice la autoridad legalmente competente; por desgracia, en más de alguna ocasión las mismas autoridades dan pauta para ello.
Dos de los últimos hechos que han captado la atención de millones de mexicanos. El asunto de la niña Paulette Gebara Farah y Fernando Martí. Por cierto, ambos supuestos íntimamente relacionados con familias económicamente bien acomodadas. Otro asunto de hechos delictivos que se me vienen a la mente, pero no recuerdo quiénes fueron los actores principales de este evento noticioso, aquel que fue filmado por personal de la empresa Televisa, cuando difundieron por televisión la supuesta detención de algún delincuente, acompañado de diversos hechos delictivos, en los que apareció personal de la policía federal; al final, se descubrió que todo había sido actuado y la empresa simplemente se lavó las manos, argumentando que no se hacía responsable de las filmaciones que habían difundido por medio de esa cadena nacional, que el responsable había sido el reportero y camarógrafo, por lo que simplemente los despidieron y ahí quedó todo, no hubo ninguna responsabilidad de la empresa por difundir y hacer pasar mentiras como verdades.
Hoy en día es una constante. El asunto de la menor Paulette, ha sido difundido por medio de las televisoras desde el lugar de los hechos hasta la vida íntima de los padres de la occisa; han dado a conocer por medio de la “pantalla chica” todos los detalles de la recámara donde dormía la menor, entrevistas de todos aquellos que estuvieron relacionados con la niña, el padre, la madre, el carpintero, el “supuesto amante” de la esposa, las dos nanas que cuidaban de las hijas del matrimonio, amigos y familiares de las nanas, lugar donde viven las nanas, que si la madre de la menor quería más al perro que al esposo, que si en la cama que construyó el carpintero no cabía ni un alfiler en el lugar en donde se halló el cadáver de la niña y mucho más, pero muchísimo más. Y lo que falta.
El otro asunto, el del joven Fernando Martí, que también fue ampliamnte difundido en las televisoras; estas, las empresas hicieron algo semejante, aunque en este caso no se metieron hasta la cocina del domicilio de los padres del menor de 17 años, dado que se trató de un secuestro llevado a cabo en la avenida Insurgentes, el 4 de julio de 2008, en el Distrito Federal que terminó en homicidio y en el cual detuvieron a varios elementos que prestaban sus servicios para la policía federal, siendo entonces procurador Medina Mora, coludidos con la delincuencia organizada. El padre del Menor Alejandro, declaró en ese entonces al periodista Joaquín López-Dóriga, su renuencia a que intervinieran las autoridades, en tanto que las televisoras ya tenían el control de secuestro-homicidio. En asunto resulta bochornoso, dado que, por medio de las televisoras se presionó para que las autoridades federales tomaran algunas acciones demandadas por cientos de familias que han sido lastimadas por la delincuencia en contubernio con autoridades policiales. Hace ya casi dos años, las autoridades ministeriales detuvieron a varios presuntos delincuentes, entre ellos uno conocido como “El Apá”, quien siempre negó los hechos, pero las televisoras lo destrozaron públicamente; el señor murió misteriosamente en la cárcel y no se supo más, dejó de ser del interés de las televisoras. Después sobresalió la detención por parte de la policía del Distrito Federal de una “comandante” de la policía federal (AFI), a quien se le sigue formal proceso por ese secuestro y otros más. Sin embargo, la semana pasada la AFI detuvo a otra “comandante”, supuestamente esta sí es la presunta responsable y no la que detuvo la policía del DF. Los medios televisivos nuevamente han tenido material para “explotación informativa”; resulta que ahora hay dos “comandantes” mujeres, relacionadas con el secuestro y homicidio del joven Martí. Los investigadores de las empresas se han quedado pasmados, ahora no saben hacia dónde voltear, ya destrozaron en los medios a la primera “comandante” que al parecer ahora es inocente y enfilan sus baterías sobre la nueva detenida. Sigue la explotación y competencia de las investigaciones a cargo de autoridades y medios televisivos ¿Quién tiene la razón?.
Sin lugar a dudas, la competencia para investigar, perseguir y castigar a los delincuentes es de las autoridades formales, policía investigadora, ministerio público y jueces. Pero, a la par esta la “autoridad de facto televisiva”, que dadas las circunstancias ha tenido mayor peso social, por que han sido capaces de manipular tanto la información como la investigación, invadiendo competencias. Pero enfrente está la libertad de imprenta y de libre expresión que abusivamente ejercen estos medios de información. Lo cierto es que las televisoras han invadido una esfera que no les corresponde, además de estar vedada por las leyes de la materia, como lo son las leyes orgánicas de las policías, las del ministerio público y los códigos procesales penales. Abusan descaradamente las empresas cuyo único fin es el de lucrar con la información, pero ante el miedo e incapacidad de las autoridades para controlar no solo la delincuencia, ahora a estas empresas, han dejado abierta la puerta de la impunidad para estos abusivos medios de comunicación hagan de las suyas sin que exista autoridad formal o informal que logre detenerlas y conducirlas por el ámbito de la legalidad. Así de simple. El problema de las autoridades es el temor o terror que han demostrado en forma reiterada, ante el poder los “monstruos de la telecomunicación”, que actúan sin freno legal alguno. En estos supuestos sí hay ley que regule los abusos, lo que no existe es autoridad lo suficientemente competente que aplique la ley para poner orden en las investigaciones delincuenciales.
HÉCTOR PARRA RODRÍGUEZ