¡NECIA Y TORPE LA PGR!

La Procuraduría General de la República, por medio de la delegada estatal Norma Valdés Arguelles, descalifica el trabajo de los 5 ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el caso de las indígenas Alberta Alcántara y Teresa González, quienes fueron acusada por la PGR por la comisión de dos delitos graves ante la justicia federal y absueltas por la Corte, después de casi 4 años que duró el proceso, por falta de pruebas que demostraran en forma indubitable la responsabilidad de las indígenas queretanas. La PGR demuestra que además de necios son tontos para entender la resolución de la Primera Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El miércoles 5 de mayo, la delegada  reiteró el tropiezo jurídico al insistir que la Procuraduría General de la República actuó bien, a pesar de la contundente resolución emitida por los ministros Arturo Saldívar Lelo de Larrea, Juan N. Silva Meza, José Ramón Cossío Días, la ponente Olga Sánchez Cordero de García Villegas y del presidente de la sala José de Jesús Gudiño Pelayo, el pasado 28 de abril, habiendo revocado la sentencia de origen emitida por el juez cuarto de distrito, dentro de los autos del proceso 28/2006.

Los ministros decretaron: “la absoluta e inmediata libertad de las procesadas, en virtud de que no quedó demostrado que Alberta haya tenido bajo su ámbito de disponibilidad el estupefaciente asegurado. Tampoco quedaron acreditados los elementos de los delitos contra la salud, privación ilegal de la libertad y contra servidores públicos”. No fueron pues penalmente responsables Alberta y Teresa de los delitos que les imputó la PGR.

¿Por qué? Sigue diciendo entre otros razonamientos expuestos en la redacción de la sentencia: “por las múltiples contradicciones entre los testigos de cargo y los sedicentes ofendidos, por lo que no se acreditó la existencia del delito de privación ilegal de la libertad, o sea el fin de obtener un rescate; al no acreditarse el anterior delito, mucho menos el delito cometido contra servidores públicos”.

O no sabe o no entiende la delegada de la PGR que aberrantemente se equivocaron en la elementación de la averiguación previa. Pensando que la institución del ministerio público es una institución de buena fe, al menos eso nos enseñan en la carrera de derecho y funge como representante de la sociedad, las pruebas que aportó en la averiguación no fueron las idóneas ni mucho menos contundentes para demostrar su acusación; sus pruebas fueron inconsistentes y contradictorias. Por eso los ministros decretaron la libertad absoluta de las indígenas, restituyéndoles sus derechos políticos. Vamos ni los delitos pudieron comprobar, mucho menos la responsabilidad, porque, para que haya responsabilidad penal, primero deben probarse, demostrarse, acreditarse la existencia de los delitos. Si no hay delito, no hay responsabilidad penal. Los argumentos que esgrime la delegada es ahondar en la torpeza. ¿O, atendiendo a la presunta justificación de la delegada, esta insinúa que los ministros actuaron por consigna? Igual de grave sería pensar que los ministros desconocen el derecho, que no saben impartir justicia y dejaron en libertad a dos delincuentes. ¡Uf!, tampoco resulta creíble el argumento de la delegada Norma Valdés Arguelles.

La sentencia de los ministros causó estado, no se puede combatir, no es impugnable, es definitiva. No hay discusión valida que justifique la torpeza de la PGR, al menos en el proceso que se les instruyó a Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan.

Por cierto, bien vale señalar que varios miembros de la organización Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, A. C., han estado aprovechando, usufructuando el asunto mediática y políticamente, desviando por completo el supuesto fin de defender a todo aquel que resulte agraviado por violación a los derechos humanos. De continuar con esta actitud, mucho descrédito les traerá. Veamos. ¿Por qué y para qué se llevaron a las indígenas absueltas por los ministros a una conferencia de prensa dada en el Distrito Federal, la cual fue manipulada por dos miembros de la organización? ¿Había que difundir el triunfo jurídico que hoy indebidamente se arrogan? ¿Acaso no saben que derechos humanos no tiene competencia en los asuntos bajo la jurisdicción penal?. El respeto y autoridad que se han ganado por la defensa de los derechos humanos no debe mezclarse con asuntos políticos ¡Asunto concluido!.