¡NO SE CONFUNDAN! |
Muchos están extraviados, confundidos con eso de la renuncia de la titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR) a solo, insisten los incrédulos y desorientados, 4 días de celebrarse elecciones locales en 14 estados de la República Mexicana ¡Sospechosismo, diría el senador Santiago Creel! Pero ¿qué tiene que ver la FEPADE en los procesos electorales locales? En principio, absolutamente nada, puesto que, de cometerse algún delito electoral, la jurisdicción es de la competencia de las procuradurías de cada estado; serían delitos del fuero común y no federales. Por lo tanto, no importa el cambio de la titular, hasta ayer Arely Gómez González. Sin embargo, si se trata de alteración, falsificación o uso de credenciales de elector, expedidas por el Instituto Federal Electoral, entonces sí podemos hablar de la competencia de la Procuraduría General de la República, para la investigación y persecución de los delincuentes. No interesa por lo tanto a ninguno de los estados de la República Mexicana, en donde hay proceso electoral y tendrán elecciones el próximo domingo 4 de julio. El Procurador Arturo Chávez Chávez, puede nombra a quien se le antoje y cumpla con los requisitos legales y de subordinación que le exijan a quien vaya a ocupar el cargo federal de la FEPADE. Lo interesante es todo lo que hay detrás de las actividades de la ex titular Arely Gómez González, quien en su renuncia denuncia las presiones de que fue objeto por parte del Procurador General de la República. Esto sí es grave. La renunciante dijo, entre otras cosas, en su renuncia que: “Se retira para permitir que se designe a un titular más cercano al paradigma de las políticas públicas que desea el ejecutivo”. Esto es una confesión pública en la que esclarece la ex titular cuál es la política de investigación y persecución de los delitos electorales; política que se aparta de la simple (no por ello deja de ser importante) investigación y persecución de estos delitos, que no es otra cosa que sujetarse a los tipos penales establecidos en el Código Penal Federal y perseguir a los presuntos delincuentes electorales. Entonces surgen las preguntas ¿cuáles son los paradigmas más cercanos de las políticas que desea el ejecutivo federal? Eso sí es un peligro ante una abierta confesión al reconocer que en la Procuraduría General de la República, hay criterios o políticas que se emplean en la persecución de los delincuentes electorales, incluso puede pensara que estos criterios son la persecución de cualquiera persona que sea contrincante político e inculparlo a como dé lugar; caso contrario, de acuerdo al paradigma de la política pública del ejecutivo, ser benigno con los delincuentes políticos considerados “amigos” o aliados ¡Política criminal electoral represora! No lo digo yo, se deduce de la confesión pública emitida por escrito, por la encargada de procurar justicia electoral. Y otra interrogante que se deriva en forma natural ¿cuál era entonces el paradigma de las políticas públicas que ella implementaba en el ejercicio de su responsabilidad? ¡Grave y delicado! Si a ello le sumamos que la señora, orgullosamente dijo que durante su mandato al frente de la FEPADE, en solo 3 años, consignó a 2,146 personas; a diferencia de lo hecho en el sexenio de Vicente Fox, que solo se consignaron a 516 presuntos responsables ¿En menos de 3 años la delincuencia electoral se cuadruplicó? ¿A quién sirve pues la FEPADE? Seguro que es a los intereses del gobierno federal y no a la protección de la seguridad, certeza y eficacia del sufragio. La renunciante Arely Gómez González, al intentar lavarse la cara se le corrió el maquillaje y quedó más sucio su rostro. |