NOS JUZGAN POR ANTICIPADO

Así se defendió el diputado y presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Ricardo Anaya Cortés; también agregó: “rechazo los juicios anticipado”. Jurídicamente le asiste la razón. Políticamente no es esa la práctica y mucho menos mediáticamente. Por desgracia siempre es así y nadie hace nada al respecto. Empero, en diversos hechos que han sido ampliamente difundidos por los medios de comunicación (la mediatización) hay suficientes indicios que, cierto, aun no hacen prueba plena y mucho menos en un juicio llevado ante autoridad competente. Pero la sociedad queretana ya emitió su juicio: sí hay exfuncionarios del gobierno del estado y de varios municipios, que han sido considerados responsables de diversos delitos y faltas administrativas.

Uno de ellos, de los acusado mediáticamente, quien ocupara la Oficialía Mayor en el gobierno del estado, Luis Miguel Sánchez Canterbury, quien hace no mucho tiempo, antes de que fuera Oficial Mayor, vivía en unos pequeños departamentos que se localizan en la calle de Pasteur norte, casi frente donde inicia la calle de Morelos, zona centro; ahí vivía, antes de ser burócrata. Ahota tiene hasta departamento de 800 mil dólares en la playa ¡Ah burocracia bendita!.

Otro de los involucrados, se dice por las malas o pésimas obras pública que realizó el exdirector de la Comisión Estatal de Caminos, Santiago Martínez Montes, hombre sencillo y amable cuya familia es oriunda por allá donde inicia la Sierra queretana, precisamente quienes ahora son dueños de una grande construcción para la realización de fiestas, junto a nuevos fraccionamientos que hace poco no existían. Ex que ahora ocupa la Secretaría de Obras Públicas del gobierno municipal de Querétaro, que preside Francisco Domínguez, entidad pública que ha servido de refugio a muchos burócratas que antes cobraban en el gobierno del estado.

Uno más de la lista, en contra de quien hay indicios suficientes de haber hecho uso de recursos económicos en forma indebida. Se trata del expresidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Edmundo Guajardo Treviño, quien tenía sueldo de las prerrogativas públicas que otorga gobierno del estado a los partidos políticos, era pues burócrata partidista, dedicado a la venta de pan en Tequisquiapan y ahora en Querétaro, diputado en la LIV Legislatura local. Durante el pasado proceso electoral, su partido político se excedió con más de 10 millones de pesos del tope establecido por la Ley Electoral del Estado y puede haber mucho más dinero no contabilizado. Sumado a lo anterior, han aparecido recibos apócrifos expedido por quien fuera su tesorero, Salvador Ugalde; recibos falsos cuya aseveración la hicieron algunos de los involucrados, supuestos donantes de grandes cantidades de dinero a ese partido político quienes ahora claman se aclare eso de las donaciones que nunca hicieron. Nada se sabe hasta ahora de dónde provienen esos 10 millones de pesos, quien los ¿donó? y ¿quién o quienes elaboraron esos recibos apócrifos del dinero, a cuánto asciende la cantidad recibida ilegalmente, de dónde salió ese dinero?. Nada se sabe y nadie habla de ello, los involucrados están temerosos ¡Muchas interrogantes que aun no han sido aclaradas!.

Y si a todo lo anterior le agregamos que Luis Miguel Sánchez Canterbury y otros de sus excompañeros de trabajo y posibles socios han buscado la protección de la justicia federal, luego entonces se acrecienta la presencia de indicios que hacen presumir alguna responsabilidad o participación en hechos no muy claros hasta hoy.

Por si fuera poco, también hay más exfuncionarios que de no tener casa propia, ahora son dueños de grandes mansiones en colonias de las más caras; algunos más, que recién venidos de otros estados, como Guanajuato o el Distrito Federal, sin dinero, ya son socios de empresas o bien, compraron grandes mansiones en las referidas colonias, incluso ranchos. Qué decir de uno que otro, como el mismo Francisco Garrido, antes dedicado a la compraventa de inmuebles, ahora cuenta en su haber con grandes edificios. Y así, ejemplos hay más, pero, a fin de no herir susceptibilidades, por profesionalismo así le dejamos en tanto la autoridad competente no determine lo contrario. Lo dijo Anaya Cortés: “debemos rechazar juicios anticipados”.

Lástima que Ricardo Anaya hasta ahora emita semejantes declaraciones y no antes. ¿Será porque ahora están involucrados muchos de sus amigos o excompañeros de trabajo? Tal vez. Ahora que si se aprovecha la oportunidad de “oro” que tiene el joven legislador, sería bueno que legislara en esta materia para que no se satanizara a tantos que han resultado inocentes, pero que a “bote pronto” son acusados, odiados, humillados, vituperados y sentenciados como culpables por la perversa mediatización a que están acostumbrados algunos pseudoperiodistas, como aquel que fuera despedido hace apenas un par de semanas de uno de los periódicos más importantes en el estado. De eso vivía aquel señor que amenaza con regresar al medio. Es pues buena la oportunidad para el legislador y promueva la regulación que limite, no la libertad de expresión ni la libertad de imprenta, pero sí todo aquella información “negra”, tergiversada, aquella que hiere, que lastima a terceros sin razón alguna, que ocasiona un daño moral. Así que: ¡A trabajar diputado! De lo contrario, el diputado ¡tampoco tiene el derecho de adelantar juicios de inocencia anticipados!, que no exculpe a quienes probablemente podrían resultar responsables de varios delitos y faltas administrativas. Por supuesto, también habrá que esperar a que la autoridad competente presente las suficientes pruebas de cargo que demuestren, ante la autoridad competente, la culpabilidad y los indicios se conviertan en prueba plena. ¡Ya basta de tanta impunidad que ofende a la ciudadanía!.