ODISEA FAMILIAR Y JURÍDICA

Esto es lo que hoy sucede a la familia Fernández de Cevallos Ramos y al sistema de procuración de justicia federal y estatal, a consecuencia de la “misteriosa desaparición” de Diego Fernández de Cevallos. Ya se cumplieron 15 días de la desaparición de Diego. Para los primeros, o sea la familia Fernández de Cevallos Ramos, es de suponerse y nadie desea vivir una odisea de tal magnitud, de  semejante envergadura, que es mucho su pesar y sufrimiento. Para los segundos, que involucra a todo el sistema de procuración de justicia y los legisladores, la odisea es oprobiosa la “misteriosa desaparición”, que pone a prueba todo el sistema de efectividad en la procuración de justicia, tanto estatales como federal, a cargo de las procuradurías en materia de investigación de personas “desaparecidas”.

Por cuanto ve al primero de los dos asuntos que comentamos, sin lugar a dudas que debe ser algo verdaderamente traumático que rebasa cualquier comentario para poder describirlo tanto para el “desaparecido” como para la familia de este. A nadie se le desea la experiencia de una “desaparición forzada”; para desgracia del pueblo mexicano, hoy en día, hay muchos testimonios que así lo avalan, el terror psicológico por el que atraviesan quienes sufren este clase de vivencias no hay forma de describirlas ¡Es inhumana esta tortura! Con esto basta para dejar el asunto sin mayores comentarios, deseando que este tipo de experiencias no se volvieran a suceder en ningún caso.

Para el ámbito jurídico, en manos de las autoridades, tiene dos vertientes. Una directa para los legisladores ¿qué hacer en los supuestos de “desapariciones” forzadas o no”? No hay normatividad penal que regule estos hechos. Cuando “desaparece” alguna persona y se acude al ministerio público, no se puede iniciar averiguación alguna, la autoridad siempre se justifica diciendo que hay que esperar a que aparezca el desaparecido, tal vez se fue con el novio, salió de paseo, se fue con los amigos; espérese unos días a ver qué pasa. Y al paso del tiempo, lo mismo, no se puede iniciar averiguación para buscar a un “desaparecido”, puesto que no hay cuerpo o persona, no hay secuestro, no hay privación ilegal de la libertad, no hay homicidio ¡no hay nada! Y la autoridad ministerial no hace nada y si a ello le sumamos que la mayoría de los desaparecidos al poco tiempo aparecen, pues menos se hace al respecto. En el ámbito federal existe el delito de desaparición forzada de personas, pero solo imputable a las autoridades no a los particulares, delito surgido en razón a los constantes abusos de autoridad; hoy en día este ilícito se comete más por particulares y no hay norma que lo sancione.

Tenemos el ejemplo de la iniciativa de ley que no ha sido aprobada por el Congreso de la Unión, en materia de secuestros, no de “desapariciones”, deseando los legisladores que sea competencia federal denominada como Ley Federal Antisecuestros. La intención legislativa es que no haya intervenciones de terceros en los supuestos de secuestros, que sea solo la autoridad la que intervenga, con posibilidad de ser sancionado todo aquel que participe en las negociaciones. Seguramente ahora lo repensarán los legisladores por el asunto de Diego. Hasta ahora, la materia es competencia tanto federal como local, esto es, puede conocer la Procuraduría General de la República, como las procuradurías de los estados y del D. F, dependiendo de los sucesos del caso en particular. La reforma o creación de ley se encuentra en statu quo.

Así que los responsables de la procuración de justicia solo tienen la norma vigente para actuar en consecuencia. Y si no se hay denuncia de secuestro, ni de homicidio, ni desaparición forzada, tampoco de privación ilegal de la libertad, entonces no hay delito que perseguir. Pero la realidad contradice la ficción jurídica en el supuesto del “desaparecido” Diego y las autoridades se hacen a un lado porque no hay formal denuncia de alguno de estos delitos, se trata de una “simple desaparición” (que no lo es en verdad, está secuestrado) y el delito formalmente queda en manos de los parientes del “desaparecido”. Ahora se sabe que se negocia la libertad de Diego, pero como el caso lo llevan los parientes del “desaparecido” la autoridad se hace a un lado, conducta que no aceptaban los legisladores federales. Seguramente las autoridades competentes, de hecho, siguen con la investigación pero con tal sigilo que no se note, no se sienta y mucho menos se sepa de ello; pero, no pueden renunciar a la esencia del estado: cuidar de la seguridad del pueblo.

Así las cosas, el momento es de profunda reflexión para las autoridades; aquí convergen los legisladores para adecuar de inmediato la norma jurídica a la acelerada modernidad delincuencial y a la procuración de justicia que el aclaren las leyes para que actúen de oficio o por querella en forma eficaz y eficientemente y no los obliguen a quedarse cruzados de brazos por tantos vacíos o lagunas legales.