¿PARA QUÉ SIRVEN LAS CONTRALORÍAS?

Hasta ahora poco han servido al fin para el cual fueron creados estos órganos que pululan por todas las dependencias de los gobiernos, trátese del federal, estatal o municipales; los tres poderes públicos tienen la suya, el judicial, el legislativo y por supuesto el ejecutivo; incluso los organismos paraestatales, paramunicipales, autónomos, etc. En todos los casos, son áreas burocráticas que dependen de los propios ejecutivos o jefes máximos como presidentes municipales, gobernador y así sucesivamente, por lo tanto a estos tienen la obligación de rinden cuentas, no a la población, supuesto recipiente beneficiario de todas las acciones de gobierno. La mayoría de las veces fungen y fingen bien como “tapaderas” de los errores, ineficiencias, torpezas, abusos, corrupciones, raterías, ocurrencias, inexperiencias y tonterías de los gobiernos en turno. Más de 20 años de la creación de estas “instituciones” y aun no dan el resultado que se plasma en las propias normas de “control”.

Dada su ineficiencia, el Congreso Federal, ideó una nueva forma de auditar la aplicación de los recursos federales (humanos, económicos, financieros, técnicos, materiales y humanos), creando un órgano eminentemente técnico, quitando el control de la fiscalización a la Cámara de Diputados. Como nueva corriente ha ido permeando en los estados de la República Mexicana, creado a la vez un similar llamado elegantemente Entidad Superior de Fiscalización, entidad (supuestamente) ajena a la política dado que ahora son constitucionalmente autónomos, o sea que no tienen (solo jurídicamente) injerencia de los políticos, ahora son órganos autónomos técnicamente. Pero, el resultado sigue siendo el mismo, los políticos no respetan esa autonomía y a todos sus “amigos y amigas” las han colocado en estos nuevos entes públicos y los empleados subrepticiamente rinden cuentas por doquier. ¿Quién no recuerda aquel suceso chusco cuando una cuenta pública apareció en el domicilio de un regidor, siendo Francisco Garrido, presidente municipal? En regidor simple y llanamente se justificó diciendo que por debajo de la puerta de su casa le habían dejado unas copias de la cuenta pública del municipio. ¡Uf!, seguramente son anécdotas que ya forman parte de la historia queretana, fraguada entre los mismos políticos.

Viene a cuenta todo esto, en virtud de dos sucesos. Uno, de los procedimientos que actualmente desahoga la Contraloría Estatal, en contra de varios ex servidores públicos y nadie sabe nada de nada, todo ha sido mediático. Lo segundo, en razón a las cuentas públicas que aprobó la Entidad Superior de Fiscalización del Estado, en la sesión del pleno de la Legislatura del Estado, el viernes 26 de marzo, aprobando cuentas públicas de varias entidades como el COBAQ, la UNAQ, la UTQ, la CEDH, el IVEQRO, la CEA y varios municipios, entre otros. Todas las cuentas tienen observaciones, o sea que hay necesidad de hacer algunas aclaraciones para que todo quede “claro” en los gastos que ejercieron durante el periodo comprendido del 1 de julio al 31 de diciembre del 2008, o sea que ha tenido que pasar más de un año para que apenas s empiece a saber cómo ejercieron el gasto públicos los responsables. ¡Así está la amañada ley que dejó el gobierno de Francisco Garrido Patrón!. La Entidad tiene un largo, larguísimo año para dictaminar.

¿Y las contralorías internas a qué se dedican, por qué ellas no auditan, no corrigen, no recomiendan, no procesa, no sancionan, no denuncian?. Por eso decimos que para nada sirven las contralorías y cuando alguna intenta sancionar, de inmediato el jefe superior lo impide, evita que su administración y sus amigos sean exhibidos como “corruptos o ineptos”. Prefieren guardar todo bajo la alfombra y que nadie se entere de los abusos o tropelías, de las cuales muchas veces ellos son los responsables, o sea los jefes que nombraron a los contralores. ¡Tú estás para ayudar no para fregar”, frase comúnmente expuesta. Entonces los contralores solo hacen como que trabajan y no pasa nada.

Ejemplo de abusos los hay por doquier y nada sucede. Aquí algunos. En la administración de Jesús Garduño Salazar, ex presidente del Tribunal Superior de Justicia, se gastaron sin autorización y sin tener dinero a la mano, cerca de 20 millones de pesos. No pasó nada, no hubo responsables a pesar de las observaciones que emitió la Entidad Superior de Fiscalización. En el gobierno municipal de Manuel González Valle, frustrado a gobernador del estado, le hicieron un “boquete”, así lo bautizaron, de 400 millones de pesos, dinero que se gastaron no se sabe en qué y  ahora Francisco Domínguez tuvo que endeudar al municipio de Querétaro con un crédito que ya alcanza a la deuda estatal, que ronda sobe los 1000 millones. Con estos ejemplos basta. ¿Hay al menos presuntos responsables de los abusos? No, ni eso siquiera. ¿Entonces, para qué sirven las contralorías? Hasta ahora para nada, perdón por la equivocación, sí sirven, para tapar la suciedad que dejan los que se van.

Los legisladores locales tienen la excelente oportunidad de darle a los queretanos mejores instrumentos legislativos que eviten las raterías y rellenen las lagunas o mares que crearon los anteriores diputados locales, para abrir las puertas de la impunidad. Los actuales legisladores tienen la obligación de cerrar puertas a cualquier viso de corrupción, desde la ineptitud e inexperiencia hasta la truculenta mala fe que conlleva a la dilapidación de los recursos que son del pueblo. ¡Ya basta con aquel dicho popular de que, echando a perder se enseñan! O aquel otro que reza “perro no come perro”.

Aun es tiempo de corregir, de mejorar, no guardemos solo la esperanza de que todo cambie de buena “fe”, como sucedió con Francisco Garrido Patrón, que ofreció terminar con la corrupción reinante de los periístas (así lo dijo) y al término de su mandato lo  que en verdad sí hizo, fue fortalecer e institucionalizar la corrupción, generando incluso la legislación local ad oc para que no se le persiguiera al concluir su periodo sexenal.

Las contralorías deben cumplir con sus propósitos para los cuales fueron creadas, propósitos que se encierran en el artículo 41 de la nueva Ley de Responsabilidades deformada, no reformada. Vamos, el objetivo es muy simple, que todos los servidores públicos salvaguarden, entre otras cosas: “la legalidad, la honradez, la lealtad a la institución, la imparcialidad, la eficiencia en la prestación del servicio público”. ¿Difícil cumplir los objetivos? Por el contrario, de lo más sencillo, lo único que hace falta es voluntad para cambiar y ser mejores mexicanos. Eso es todo.