PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INCIERTOS

Mucho se ha difundido sobre las comparecencias de varios ex servidores públicos del gobierno de Francisco Garrido Patrón, en razón a la existencia de la presunción de abusos cometidos durante la pasada administración de gobierno estatal. Ya compareció a declarar ante la Contraloría del Estado Luis Miguel Sánchez Canterbury, acompañado del Dr. en derecho Ricardo del Río Trejo. Otro de menos importancia, pero no por ello deja de estar involucrado en el mismo asunto de la compraventa de un predio, por parte de gobierno del estado, a un precio (al parecer, solo al parecer) muy superior al que tiene en el mercado; se habla de haber inflado el precio del inmueble en más del 100%.

Para nadie es desconocido (de los queretanos por supuesto) que la mayoría de los ex servidores públicos que trabajaron en el gobierno de Francisco Garrido Patrón, se hicieron millonarios, aunque hasta el momento no se sabe bien a bien cómo le hicieron para enriquecerse de tal forma, sobre todo aquellos que son conocidos de toda la vida y en unos cuantos años pasaron de formar parte de la clase económica media baja, a la clase social alta, económicamente hablando. Es un misterio el cómo le hicieron, sobre todo en tiempos de crisis, dentro del cual la mayoría de los mexicanos se han visto empobrecidos. En fin, que todo es misterio y especulaciones al respecto.

La lluvia de declaraciones oportunistas no se han hecho esperar, lo que antes no sucedía ni de milagro, nadie criticaba a los hoy criticables ex integrantes del grupo de poder de Garrido Patrón. Cualquier atrevimiento de crítica no pasaba, se quedaba en las libretas o grabadoras de los reporteros; eso sí, se sabía quién osaba intentar criticar al “fortísimo gobierno panista” ¿Raro? No, los medios de comunicación (casi todos) no difundían nada, ahora gozan de libertad; por una rara razón se dio una especie de autocensura de los propios medios, vamos, para no hablar de corrupción periodística.

Así las cosas, ya han calificado a Ricardo del Río, ex contralor del estado, de falta de ética por defender al antes pobre y ahora rico de Luis Miguel Sánchez Canterbury, quien ocupara la Oficialía Mayor del gobierno del estado y autorizara la compra del predio en cuestión. Y con justa razón Ricardo del Río, atajó a los reporteros diciéndoles que se trataba de un circo mediático todo lo que estaba sucediendo.

Mucho se ha difundido ya de este asunto que se ventila o se procesa ante la Contraloría del Estado. Pero, hasta ahora no se sabe absolutamente de qué estamos hablando procesalmente. ¿Se trata de la simple aclaración de observaciones o de un procedimiento administrativo de responsabilidad? La Contraloría se autocensura en acatamiento a la Ley y no dice más y quienes ya comparecieron ante la autoridad administrativa, no aclaran nada. Entonces ¿de qué estamos hablando, aclaran observaciones derivadas de las cuentas públicas o están sujetos a proceso administrativo de responsabilidad los comparecientes?. Nadie precisa y mucho menos aclara, así que nadamos en un mar de especulaciones.
Ahora que, de las comparecencias se han desprendido actos que resultan dignos de análisis, eso sí, independientemente de que se trate de una u otra situación jurídica. ¿Cuáles? Aquí algunas de ellas.

De dónde sacó Ricardo del Río las pruebas documentales que ofreció en la Contraloría. Si las sustrajo de su anterior empleo, es falta que se sanciona y aun no prescribe la acción para ello. Si las tenía en su poder el ex pobre de Luis Miguel Sánchez Canterbury, también es una falta, ya que se trata de documentación oficial que debe estar en los archivos del gobierno y no en los archivos de su casa. ¿O, acaso se previnieron sacando mucha documentación que sabían iban a necesitar para su defensa? ¿Puede el ex- Contralor del Estado defender al observado o procesado, dada la responsabilidad que ejerció? En principio no, puesto que habiendo sido Contralor conocía todos los movimientos económicos y financieros y por tanto hace uso de información privilegiada, aunado a que, supervisaba que toda operación se hiciera limpiamente so pena de iniciar procesos de responsabilidad y en su caso podría caer en el supuesto de coparticipe por no haber hecho nada si sabía de un mal manejo. Pero, la ley permite ejercer la defensa siempre y cuando haya pasado, al menos un año de haber dejado el cargo público que ocupaba; si lo hace antes del año, queda sujeto a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. En fin que estamos ante un verdadero intrilinguis que aun no se sabe con claridad qué es lo que está pasando en realidad. Por eso no le falta razón a Ricardo cuando se refiere a que todo es un circo. No faltó quien lo calificó, sin pruebas en la mano, como persona falta de ética por haber ocupado el cargo de Contralor del Estado y ahora defender a un “acusado u observado”; sin embargo aquí nada tiene que ver la ética, son asuntos jurídicos y mientras se respete la ley no hay problema.

¡Ah, pero cuidado!, si en verdad se trata de solventar observaciones y no pueden hacer las debidas aclaraciones, entonces sí viene el procedimiento de responsabilidad administrativa que puede, incluso trasladarse al ámbito penal. Y aquí sí preguntarse, ¿de dónde obtuvieron toda la información que debe estar en los archivos del gobierno? No pasamos por alto que también pudieron haberla pedido por medio de la unidad de acceso a la información gubernamental. Y aun así todo sigue siendo un misterio hasta ahora y muchos integrantes del pueblo queretano ya exigen y con justa razón, resultados sobre la abierta y descarada corrupción que se practicó como principios y doctrina en el sexenio pasado por parte de algunos “actores políticos”. Aclaro, no fueron todos.