¿QUÉ SUCEDE CON LOS JUZGADOS MUNICIPALES?

Surge la interrogante, una vez más, por lo declarado por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Herrera Solorio, en su primer informe sobre el estado general que guarda la administración de justicia, cuando refirió que “excepcionalmente, por la crisis económica con la que se recibió el municipio de Querétaro, se negó el apoyo a la justicia municipal”; apoyo que consiste en sostener salarialmente al personal que presta sus servicios  en los juzgados municipales de Querétaro. Recursos económicos que aportó el gobierno del estado de manera extraordinaria.

Tal hecho, por cierto, tiene muchos años de existir sin que haya existido voluntad económica del titular del ejecutivo y diputados locales para resolverlo; basta simplemente otorgarle mayor presupuesto al Poder Judicial para que atienda esta responsabilidad. Es decir, que los 18 gobiernos municipales han venido pagando los salarios y prestaciones de los burócratas judiciales y algunos otros insumos como renta, luz, agua, teléfono, seguridad, etc. Vea usted gentil lector, apenas el año pasado, o sea el 2009, el anterior presidente del Tribunal Superior de Justicia, sin autorización alguna, se gastó más de 17 millones, sin estar presupuestado; para eso sí hubo voluntad y no para pagar los gastos del personal que depende de ellos, que trabajan para ellos, que imparte justicia municipal pues. Así que falta voluntad, solo eso.

Aun recordamos los recorridos que en más de alguna ocasión hicieron los presidentes del Tribunal Superior de Justicia, visitando a los presidentes municipales para pedirles y/o rogarles la firma de un convenio para que los municipios acepten cubrir los gastos del personal que orgánica y jerárquicamente dependen del Poder Judicial. Que el presupuesto del gasto de los juzgados municipales se contemple en los decretos de egresos de los municipios y no en el del Poder Judicial. También se viene a la memoria histórica que algunos municipios, no el de Querétaro, dejaron de dar el apoyo por falta de recursos municipales, lo que orilló al Poder Judicial a cerrar esos juzgados municipales, dejando a la población de esos lugares sin justicia municipal.

En buena hora el magistrado Jorge Herrera Solorio, trajo a la mesa de la discusión la obligación que tienen los responsables de aprobar y distribuir el presupuesto público, cada año, para que, en lo sucesivo se pueda corregir este vicio, este error; vamos, la falta de voluntad de aquellos que tienen la responsabilidad de aprobar legalmente la manera en que se debe gastar el recurso público.

 

El problema es que ahora los diputados locales, responsables de esta función pública, solitos se entrampan y ya piensan en reformar leyes para darle más dinero al Poder Judicial y que éste pueda atender eficazmente la justicia municipal. Los legisladores no deben hacerse “bolas”, simplemente deben remitirse a la Ley Orgánica del Poder Judicial y ahí encontrarán la respuesta, sin necesidad de hacer reforma alguna a la ley. Para facilitarles su trabajo, los diputados deben leer y entender los artículos 3, 7, 22, 33, 60, 79 a 85 y se podrán dar cuenta que ahí está la respuesta. No necesitan reformar nada.

La simple lógica jurídica les abre la puerta para que, en diciembre próximo, cuando se reúnan a discutir y analizar cómo van a distribuir el presupuesto que propone el titular del Poder Ejecutivo, aquel que se destinará al Poder Judicial, para decidir la cantidad necesaria, aunque siempre insuficiente, para atender la justicia municipal ¡Así de fácil! Claro, que para ello se requiere que el proyecto de presupuesto de egresos que envíe el Ejecutivo para su aprobación, acompañe la propuesta; a su vez, el mismo Poder Judicial deberá proponer y desmenuzar su propuesta. Y al final, el Poder Legislativo deberá aprobar sendas propuestas. De origen pues, los tres poderes públicos deben hacer su papel para cumplir con el objetivo y con la ley; otorgar a los municipios la justicia municipal. Luego entonces, para qué legislar cuando la ley es muy clara: la responsabilidad de sostener a los juzgados municipales, es del Poder Judicial, pero si el Poder Ejecutivo no lo propone, la tradición es que los tibios legisladores no lo aprueben. ¡Responsabilidad compartida!.