¡RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL!

Este fue el argumento esgrimido por el Secretario de Gobierno, ante el incumplimiento, de su parte, de la Constitución Política del Estado, Ley Orgánica del Poder Legislativo y Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. La razón de ello: la no publicación del proyecto de la Ley de Participación Ciudadana, aprobada por la LV Legislatura del Estado. Así quedó asentada la respuesta en la “comparecencia” del Secretario de Gobierno ante las ilegales “Comisiones Unidas” de Redacción y Estilo y Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales de la LVI Legislatura. Sí, ante la presencia de 22 de 25 diputados.

La reunión dio comienzo a las 10:08 de la mañana y la exposición del Secretario inició a partir de las 10:13, después del protocolo de la presentación a cargo de uno de los dos presidentes que, válgase la expresión, presidieron la reunión. Pronto terminó el invitado con  su exposición, habiendo sido explicito, claro, concreto y puntual en los asuntos de su competencia y a las 10:57 daba comienzo el “dialogo” (así lo dijo el otro presidente de la Comisión) entre el Secretario y los diputados sobre los temas expuestos.

Los primeros minutos del “dialogo” fueron tersos, en tanto que el Secretario continuó abundando en la exposición de la información. En fin, que les habló de la política interna, a su cargo, la reinserción social (la cual aun no se legisla en Querétaro), de las 4177 licencias para la venta de bebidas alcohólicas y de las concesiones de transporte, defensoría pública, transporte público, juicios orales, recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, del traslado de 66 reos a las Islas Marías, de capacidad instalada para albergar a los reclusos en los Centros de Reinserción Social, de la inexistencia de motines en los reclusorios, de los 1759 reos del fuero común y 300 del fuero federal, de los 63 menores delincuentes internados, de la autonomía del ministerio público, del proyecto de creación de la Secretaría de la Juventud, sobre las medidas que se toman en la detección de licencias de alcoholes falsas, de la renovación total de licencias, de la expedición de títulos de propiedad en tratándose de predios irregulares, de las 153 licencias revocadas, de las 36 concesiones extintas y una suspendida, que en San José el Alto hay 1336 reclusos, de ahorros económicos que ha tenido el gobierno, de la modernización del transporte público, de la necesidad de renovar el parque vehicular del transporte público, de la reestructuración de rutas. Vaya, estos fueron algunos de los temas que se abordaron el en “dialogo”.

Pero, no todo podía ser “miel sobre hojuelas” y el grupo parlamentario de Acción Nacional, con el apoyo del área técnica de la Legislatura, no podía dejar pasar la oportunidad de hacer quedar mal al Secretario de Gobierno y este cayó en el juego perverso al entramparse con respuestas equívocas, sin fundamento legal. La pregunta: ¿por qué no había publicado el proyecto de Ley de Participación Ciudadana después de tanto tiempo? La respuesta del Secretario: ¡Por responsabilidad Institucional! Y el diálogo se transformó en discusión, en alegatos, se rompió la armonía.

Respuesta política y no jurídica la del Secretario. Tal vez le asista la razón política y por ello no  ordenó la publicación. Sin embargo, ni la Constitución ni la ley, contemplan esta justificación o razón jurídica para evadir la publicación de un proyecto de ley. Ambas normas obligan a la publicación, si antes no procede el “veto” a través de observaciones legales que se realicen al proyecto de ley, precisamente para hacer las correcciones pertinentes. Pero no hay facultad legal basada en “responsabilidad institucional” para justificar la no publicación. Y aquí de deshizo la armonía de la “reunión”. Vinieron acusaciones sobre la violación de la Constitución Local y otras leyes. Aunque hubo algún piropo por ahí para tratar de suavizar el tema, lo cierto es que se dejó en claro el incumplimiento por parte del Secretario a una obligación constitucional y legal.

¿Por qué le llamo juego perverso a la trampa que le tendieron al Secretario? Aquí parte de la explicación. El proyecto de ley fue aprobado por la pasada legislatura y a pesar del tiempo que había transcurrido desde su aprobación, la mayoría panista no la envió a publicación; la razón era la serie de inconsistencia de las cuales adolecía el proyecto, pero no podían regresarlo a comisión, ya lo había aprobado. Así que lo enviaron al “cuarto para las doce”, total, el problema lo dejaron a la nueva administración. Antes anunciaron como uno de los logros de la anterior legislatura la “creación de la tan ansiada Ley de Participación Social”, que permite al pueblo participar en la toma de decisiones importantes por medio de varios mecanismos democráticos, como el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular, la revocación de mandato ¡Mentira! Aquellos imaginaron que la publicarían sin mayor problema y quien quedaría mal, serían la nueva administración por publicar tal engendro jurídico. Mas la respuesta del Secretario no fue la adecuada. Total, el plazo legal de 30 días para la publicación ya había fenecido hace mucho; pues, ahora la responsabilidad es de la Legislatura del Estado y esta, por medio de su presidente de la mesa directiva, es quien tiene la obligación de hacer la publicación y ellos tampoco han cumplido con esta responsabilidad legal. Así de sencillo, pero jamás argumentar “responsabilidad institucional” ante una obligación legal y constitucional. Uno de los legisladores priistas atajó con esta respuesta, pero ya era tarde, la exhibición y exposición estaba dada. Le siguieron varios panistas, ahondaron la herida, la hicieron más grande y dejaron mal parado al Secretario de Gobierno.

Reitero, tal vez le asista la razón al Secretario de Gobierno al haber “sacrificado un mal mayor por un mal menor”; pero la respuesta no puede entenderse de otra forma en tratándose de autoridades civiles obligadas a respetar y hacer respetar la Constitución y leyes secundarias. Tenía todos los instrumentos legales para hacerlo y no lo hizo. Ahora la responsabilidad del fallo jurídico es de los propios legisladores que no han resuelto el problema. Al tratar de exhibir al Secretario como incumplido, ellos también se llevaron su parte de la responsabilidad y se auto exhibieron, también, por no acatar su propia Ley Orgánica, al no ordenar la publicación del abyecto proyecto de ley que mal intencionalmente les heredaron la mayoría panista de la LV Legislatura ¡Empate legal, señores. También político!